Algunas movilizaciones contra la política de privatización de la sanidad pública

Privatizaciones, desvío de dinero, plantillas escasas y precarias, expedientes de sanción, fraudes en la contratación… La sanidad pública sigue presentando deterioros aunque los desperfectos pasen más desapercibidos: en Vigo, Madrid, Zaragoza, Granada o Burgos la gestión sanitaria sigue arrojando sombras que provocan movilizaciones.

En Madrid, el pasado 19 de diciembre se convocó un encierro hospitalario para subrayar la mala situación de las plantillas. Solo unos días antes, Granada culminó una batería de protestas por el plan de la Junta de Andalucía para fusionar centros hospitalarios. En Vigo, su nuevo hospital de gestión privatizada no alcanza para solventar los problemas de la zona y origina peticiones de "rescate" público. Decenas de concentraciones en Zaragoza frente a la sede del PSOE (partido que regenta el gobierno de la Comunidad Autónoma) en protesta por el expediente sancionador abierto a miembros de la Sección Sindical de CNT en el SALUD, por destapar y denunciar la trama de encadenación de contratos eventuales durante años a los trabajadores/as del Servicio Aragonés de Salud. La Comisión Europea mantiene abierto un proceso de infracción a España por un supuesto engorde del presupuesto del hospital semiprivatizado de Burgos: 200 millones de más para la constructora salidos de las arcas públicas.  El caso, aún activo  según los registros de la Comisión, investiga si se vulneraron las reglas del mercado interno al ampliar los pagos a la contratista: se ha pasado de los 242 millones de euros previstos a más del doble.

"El sistema sanitario no se ha repuesto de la política de privatizaciones y recortes. Alguna comunidad autónoma en 2017 va a recuperar las inversiones de 2009", explica el expediatra del hospital Niño Jesús (Madrid) y cabeza visible de la oposición a la adjudicación de hospitales a empresas, Marciano Sánchez Bayle. Bayle subraya que el hecho de que "los problemas y las reivindicaciones no sean en Madrid les resta atención. Pero no importancia".

Hace solo tres meses, Vigo repitió su  marcha ciudadana que pide a la Xunta tomar las riendas del nuevo hospital privatizado. Un centro por el que las arcas gallegas pagan a la contratista 72 millones al año durante 20 años. "Y no ha resuelto los problemas de los ciudadanos del área de Vigo: colapso de urgencias y listas de espera un 30% por encima de la media de la comunidad", según cuenta Manuel Martín.

De hecho, el hospital no ha abierto las 1.400 camas comprometidas: está en 850. "El hospital está permanentemente en obras. Hace unos días se le cayó encima a un paciente una puerta plomada del servicio de radiología", se queja Manuel Martín. La Xunta dijo que había sido "un sabotaje" y denunciaron la "manipulación de los anclajes".

Además, la Comisión Europea abrió una investigación sobre si los pagos a la empresa son una "ayuda encubierta" ya que el Ejecutivo de Núñez Feijoo tuvo que pedir un crédito al Banco Europeo de Inversión para financiar el proyecto. El plazo para la investigación expiraba en septiembre pasado pero la CE no se ha pronunciado aún. "Eso nos hace ser un poco pesimistas", remata Martín.

En septiembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció como ilegal el hecho de encadenar contratos temporales para cubrir puestos permanentes en el sector de los servicios de salud, hecho que reafirma y avala a nivel europeo las sentencias conseguidas por la CNT en la ciudad de Zaragoza denunciando estos mismos hechos y que han condenado en varias ocasiones al Servicio Aragonés de SALUD. 

Fuentes: www.eldiario.es / aragon.cnt.es
Fotografía: aragon.cnt.es

Más de un tercio de personas todavía esperan su reconocida prestación de dependencia

La Ley para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia cumple hoy diez años con 1.212.048 personas en España con derecho reconocido oficialmente a recibir alguna prestación o servicio por su situación de dependencia y 856.452 que, de facto, lo están percibiendo. De este modo, hay 355.596 personas dependientes para quienes no se ha materializado el derecho, una lista de espera que se mantiene así en torno a un tercio del total de beneficiarios reconocidos. Se trata de la estadística del IMSERSO actualizada a 30 de octubre del 2016, la última disponible. Unas cifras que muestran que el grupo de dependientes reconocidos más numeroso en España es el de grado II, es decir, personas con una dependencia severa, que suman 455.131 ciudadanos, el 29,99% de cuantos figuran en el sistema.

Junto a ellos, constan 363.910 personas con gran dependencia (el 23,98%), de las que 72.446 están en la situación más acuciante al no poder valerse en absoluto por sí mismos. Otras 393.007 han sido diagnosticadas con derecho a recibir una ayuda por su situación de dependencia moderada, el 25,9% del total de beneficiarios del sistema.

Estas personas (grado I) han sido las últimas en incorporarse al Sistema de Dependencia. Según el calendario de la ley, debieron hacerlo en el 2012, sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy pospuso este momento como medida de austeridad y no fue hasta julio de el 2015 cuando comenzaron a ver reconocido su derecho a una prestación o servicio.

Es precisamente esta incorporación tardía a la que el Imserso atribuye el grueso de la lista de espera, pues los moderados son el 65% del total de dependientes que estaban esperando al cierre del mes de octubre, cuando seis de cada diez moderados con derecho reconocido no estaban aún recibiendo ningún tipo de servicio. Durante ese mes, se incorporaron 18.486 personas y de ellas, 11.109 eran de este grado I.

Con todo, suman 123.136 las que teniendo un considerable nivel de dependencia (severa y grande) no reciben la ayuda que les corresponde. Según los datos del IMSERSO, la lista de estas personas se ha reducido un 59,75% desde el 2011, cuando eran 305.941 los grandes dependientes y dependientes severos que estaban esperando.

Fuente: www.elperiodicodearagon.com

Fotografía: cadenaser.com

La importancia en la atención del ictus en Aragón

El ictus es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres. Es una enfermedad que afecta, generalmente, a personas mayores de 50 años, por lo que, dado  el progresivo envejecimiento de nuestra sociedad, esta enfermedad cerebrovascular supone un grave problema de salud pública. Hoy, es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de demencia, tras la enfermedad de Alzheimer.

Cada 6 minutos se produce en España un ictus y cada 15 un fallecimiento por esta causa. En España se producen, cada año, alrededor de 100.000 casos nuevos de ictus. En Aragón es la primera causa de muerte y discapacidad. Se producen unos 3000 ictus al año, alrededor del 20% de los cuales fallece en los primeros meses y hay un 50% con algún grado de incapacidad. Es también una de las primeras causas de ingreso en residencias asistidas, conlleva un porcentaje elevado de las consultas y más del 50% de los ingresos en los Servicios de Neurología.

La atención al ictus empieza desde la prevención y desde el control de los factores de riesgo. Así lo puso de manifiesto el Dr. Carlos Tejero en la jornada organizada por la La Asociación Ictus de Aragón (AIDA) a últimos de octubre. Hábitos poco saludables como el tabaco, la cocaína, el alcohol o el sedentarismo se asocian al ictus. También se deben tener en cuenta factores de riesgo relacionados con las enfermedades del corazón como la hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad o cardiopatía isquémica, que representan un riesgo para el ictus.

Pero, el doctor Tejero, señaló que personas sin ninguno de estos factores puede tener un ictus por otras causas, una arritmia, una enfermedad hematológica, una enfermedad infecciosa o inmunitaria. “El Ictus puede aparecer sin ningún aviso y ser la primera de las manifestaciones de alguno de los problemas que hemos comentado”, de ahí la importancia de conocer las formas de manifestarse un Ictus, porque reconociendo los síntomas va a ser posible que se pongan en marcha las medidas para tratarlo. Además, “es importante que las personas que han tenido un ictus conozcan los factores de riesgo que tienen para poder controlarlos”, recordó el neurólogo del Hospital Clínico. 

En Aragón, la puesta en marcha del programa de coordinación asistencial Código Ictus ha logrado que la mortalidad por esta patología haya descendido un 28% en los últimos cinco años, según explicó el doctor Javier Marta, coordinador de la Unidad de Ictus del Hospital Miguel Servet y actual coordinador del Grupo de Seguimiento del Programa de Atención al Ictus en Aragón (PAIA), quien ha expuesto los diferentes eslabones de la cadena asistencial.

En su intervención recordó la importancia de difundir los signos de alarma, aquellos que deben llevar a solicitar ayuda urgente, preferiblemente a través del 061: debilidad de un lado de la cara (se le torció la cara), debilidad brusca de un brazo o una pierna (se le caen las cosas, se cae), alteración del habla (cambia las palabras, las dice mal o no se le entiende) o pérdida brusca de visión en un ojo o en ambos.

Los neurólogos hablan de que el “tiempo es cerebro” para recalcar la importancia de llegar al hospital cuanto antes, ya que los tratamientos solo son efectivos en las primeras cuatro horas. Cuando se activa el Código Ictus,  se pone en marcha el 061, avisa al hospital más cercano para que se prepare, ha explicado el Dr. Marta, quien ha detallado como actúa el equipo sanitario en la urgencia del hospital, cómo los modernos tratamientos pueden romper (fibrinolisis) o extraer el trombo (trombectomía) y cómo los hospitales se coordinan entre sí para poder realizarlo mediante internet y videoconferencia.

La rehabilitación del paciente que ha sufrido un ictus debe incluir “el aporte al paciente y a sus familiares de los conocimientos y las habilidades para identificar y afrontar las repercusiones de la enfermedad sobre  la vida diaria”, explicó el Dr. Alfredo Blasco, médico-rehabilitador de AIDA.

El objetivo de la rehabilitación es disminuir al máximo los déficits o discapacidades experimentadas por el paciente que ha sufrido un ictus, así como facilitar su reintegración social. “Es importante hacer comprender que no vamos a conseguir una recuperación ad integrum. Debemos ayudar al paciente a adaptarse a sus déficits y no a librarse de ellos”, añadió.

Los programas de rehabilitación deben incluir técnicas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional y de Logopedia, según la discapacidad que sufre el paciente. Y será importante una buena valoración por parte del neuropsicólogo para determinar el estado anímico y mental del paciente y su disposición para participar y colaborar en el tratamiento.

Fuente: www.blog.iacsaragon.es

Fotografía: elclarinweb.com

El medicamento más caro del mundo lo es por razones mercantiles y ausencia de competencia

El eculizumab, comercializado bajo la marca Soliris por una compañía estadounidense, se emplea contra determinadas patologías renales. 

El laboratorio lo vende a 20.000 euros la dosis y el tratamiento por paciente supera los 300.000 euros al año.

El eculizumab lo fabrica la compañía estadounidense Alexion Pharmaceuticals bajo la marca comercial Soliris. Es el medicamento más caro de la historia: cuesta unos 20.000 euros por dosis y se administra semanalmente durante el primer mes y después cada 15 días. En ocasiones el tratamiento dura unas semanas o meses, mientras en el caso de los pacientes que padecen la enfermedad y reciben un trasplante renal el tratamiento es de por vida, lo que eleva el tratamiento por paciente a más de 300.000 euros anuales. 

El día 22 de octubre de este mismo año, cerca de 70 nefrólogos de toda España y de otros países, se reunieron en A Coruña en unas jornadas organizadas por el CHUAC y auspiciadas por el citado laboratorio, en el que se puso de manifiesto la eficacia y seguridad del fármaco.

“En España puede haber unos ochenta enfermos de SHUa, por lo que no es un problema epidemiológico. Si lo fuera, como en el caso de la hepatitis C, el tratamiento arruinaría al sistema público de salud”, subraya Ángel Alonso, Jefe del Servicio de Nefrología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), quien alude a que aunque la Administración sanitaria no ha puesto nunca problemas para financiar el medicamento a los pacientes con dolencias incluidas en las especificaciones técnicas del compuesto, sí se restringe, en algunas ocasiones, cuando se utiliza como fármaco de uso compasivo. Es decir, en aquellos casos en los que la patología no corresponde exactamente a las especificaciones aprobadas para ese medicamento, aunque los médicos piensen que el enfermo puede curarse o mejorar notablemente si se le administra, sin que muchas veces exista alternativa alguna.

“En el caso del eculizumab, a los argumentos habituales por los que se suele rechazar un fármaco compasivo, generalmente un nivel de evidencia bajo, se une el elevado coste”, añade el Jefe de Nefrología del CHUAC, quien cree que las razones del exagerado precio del Soliris son más mercantiles que de otro tipo: “El laboratorio ha visto que el nicho de mercado es muy pequeño y ha decidido encarecerlo ante la ausencia de competencia”. “En algunas publicaciones médicas -añade- se ha llegado a decir que se trata de un precio ridículamente elevado e injustificado". Afortunadamente es espectacularmente efectivo, y para los pacientes con SHUa, vital.

Fuente: www.publico.es

Fotografía: smiqpharma.com

El CME Pablo Remacha recupera su mamógrafo y ecógrafo después de tres años de lucha

Los dos aparatos fueron sustraidos del centro médico zaragozano por orden del anterior Gobierno de Aragón, de noche, con una patada en la puerta. La lucha del barrio de San José ha logrado que por fin hoy, tres años después, se vuelva a restablecer este servicio en el CME Pablo Remacha.

CNT apoyando la concentración de la plataforma de salud mental el 8 mayo de 2014

“Hace tres años el Gobierno de Aragón nos arrebató, en una de sus decisiones más cuestionables y controvertidas (nocturnidad y patada en la puerta incluidas), el mamógrafo y los ecógrafos del CME Pablo Remacha“, en el zaragozano barrio de San José. Tres años de lucha de los y las usuarias y vecinas para que devolvieran los aparatos que “por fin ha dado sus frutos”.

De este modo expresa su alegría la Asociación Vecinal San José tras recuperar el mamógrafo y el ecógrafo que ya han sido devueltos al CME Pablo Remacha. La asociación agradece a “todas esas personas que participaron de la lucha y sin las que la vuelta de los aparatos nunca hubiese sucedido”.

Asimismo, subrayan que “por más que desde el Departamento de Sanidad del actual Gobierno de Aragón se pretenda darle notoriedad mediante una ‘inauguración’, lo que en realidad ha sucedido este 7 de noviembre es la recuperación de unos aparatos que nunca debieron salir de donde estaban”. “Ello hubiera evitado los gastos de transporte y la rotura del mamógrafo antiguo que, aunque menos resolutivo que el nuevo, prestaba adecuadamente el servicio”, añaden.

La AV San José recuerda que a pesar de que las excusas para el traslado fueron la eficiencia y el ahorro, al final se ha gastado mucho más dinero público que si desde el principio se hubiesen mantenido en su lugar. “Ha quedado claro que las usuarias del CME Pablo Remacha tenían razón, pues el servicio de cercanía que prestaban los aparatos sustraídos era mucho más eficaz y eficiente antes de su traslado al Hospital Miguel Servet”, apostillan.

La asociación tilda de “detalle de mal gusto” que el Gobierno de Aragón “trate de tomar protagonismo mediante la citada ‘inauguración’ del servicio mientras desvía presupuesto para sostener la sanidad privada e incentiva estilos de gestión empresariales e individualistas como son las Unidades de Gestión Clínica, que obedecen a un concepto de la asistencia sanitaria como recurso y no como derecho, en la misma línea que el gobierno anterior”.

• Por último, la AV San José recuerda al Gobierno de Aragón que “si quiere el respeto de nuestro barrio debe mejorar la dotación en medios y personal de la Atención Primaria”, de forma que las y los profesionales “puedan ejercer la práctica de una verdadera Salud Comunitaria, base fundamental para un Sistema de Salud universal, eficaz, eficiente y equitativo”.

Crónica de la concentración por los incumplimientos de la DGA y la represión sindical en el SALUD

A las puertas de la sede del PSOE en Zaragoza nos concentramos un nutrido grupo de personas el pasado miércoles día 16 de noviembre por los incumplimientos de la DGA y la represión sindical de la CNT en el SALUD.

A las 19 horas, se desplegó la ya tradicional pancarta donde se denuncia la represión sindical en el Servicio Aragonés de Salud y se exige la eliminación de los expedientes disciplinarios cuya apertura recordamos, fue a por haber destapado el fraude de los acumulos de tareas y la corrupción de algunos sindicatos, acusando al PSOE, partido gobernante en Aragón, de acosar y reprimir a miembros de la Sección Sindical de CNT en el SALUD.

Las personas asistentes repartieron cientos de octavillas informativas, cantaron cánticos a favor de la clase trabajadora y en contra de la represión ejercida a ella por el PSOE, se hicieron comentarios para informar de los incumplimientos y el abandono continuado de la Diputación General de Aragón en la convocatoria de plazas de oposiciones y sus obligaciones de poner fin al fraude masivo en la contratación de acúmulos de tareas que deberían ser indefinidos.

Recordamos desde la CNT, que se han hecho públicas multitud de sentencias ganadas sobre los fraudes en la contratación donde se encadenan contratos eventuales y que los trabajadores y trabajadoras del SALUD que se encuentre en esta situación puede entrar en un proceso de demandas como han hecho otros afiliados/as del sindicato con anterioridad, abriéndose así las puertas para pasar de una contratación de acúmulos a interinos indefinidos, presionando de este modo también a la DGA para que deje de jugar con las cifras de oposiciones y se centre en, como mínimo, respetar la legalidad vigente en la contratación del personal del SALUD.

Concentración miércoles 16 de noviembre a las 19:00 horas frente a la sede del PSOE en Zaragoza

La CNT, ante los incumplimientos y el abandono continuado de la DGA en la convocatoria de plazas de oposiciones y sus obligaciones de poner fin al fraude masivo en la contratación de acúmulos de tareas que deberían ser indefinidos, informamos:

En primer lugar constatamos que a estas alturas, es de locos creer en las promesas de los políticos/as o creer que los sindicatos de las juntas de personal en el SALUD sirven para algo más allá del parasitismo en el que se han instalado. La mayoría de ellos/as llevan años y años sin acudir a plantas, ni a sus curros, tantos que ya no sabrán ni poner una vía ni manejar un carro de paradas, etc. Son cosas de los privilegios y las prebendas.

Así pues esta constatación nos lleva a ver cómo los acuerdos firmados con los políticos/as de turno se incumplen de manera más o menos generalizada (el último ejemplo, la promesa de convertir a miles de acúmulos fraudulentos en interinos e interinas indefinidas, tras demandas ganadas por la CNT). Ante esta inutilidad en los resultados y este parasitismo, es hora de preguntarse: ¿Para qué sirven y a quién? Y lógicamente, ¿para qué los queremos?

Y es ante estas estructuras ineficaces (empezando por los sindicatos de las juntas que hemos mencionado, a los que sería de justicia retirarles las subvenciones, invertir ese dinero público en necesidades sociales y hacer que las organizaciones de trabajadores/as volviesen a ser independientes y reales) que desde la CNT planteamos nuevamente que sí hay un sindicalismo honrado, sin subvenciones y sin liberados, controlado por nosotros y nosotras mismas como trabajadores/as, y con capacidad para en el día a día denunciar las irregularidades que sufrimos y ganar derechos en sucesivas sentencias. Por ejemplo, las que hemos ganado en el asunto de los acúmulos de tareas, reconociéndose su carácter fraudulento y condenándose a la administración a pasar a quienes demandaron a interinos indefinidos. Es decir, la propia institución estatal en Aragón estaba y está vulnerando la legalidad vigente en materia de contratación, sin haber hecho más que vender humo en el tema de las oposiciones a pesar de su deber de convocarlas.

Desde la CNT, en resumen, manifestamos que una vez ganadas las sentencias que se han venido haciendo públicas sobre los fraudes de los acúmulos de tareas, los/as trabajadores/as que nos encontramos en esta situación podemos entrar en un proceso de demandas como han hecho otros afiliados de nuestra sección sindical antes, lo cual nos abre las puertas a pasar de acúmulos a interinos indefinidos, con lo cual y si esto ocurre de manera generalizada, la DGA dejaría de jugar con las cifras de las oposiciones y también dejaría de reírse una y otra vez de todos y todas. Esta vía sigue abierta, os animamos a todos/as los trabajadores/as con contratos de acúmulos a que paséis por la CNT para informaros, para presentar las demandas correspondientes y hacerle saber a estos delincuentes laborales (que han sido condenados por este mismo fraude también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) que no se van a reír más de ninguno ni ninguna de nosotros/as.

Además de todo lo dicho, tampoco podemos olvidar que precisamente por haber destapado el fraude de los acumulos de tareas y la corrupción de algunos sindicatos, sigue habiendo a día de hoy trabajadores de la sección sindical de la CNT con expedientes disciplinarios abiertos, en un acto claro de represión sindical que seguiremos denunciando mientras no se resuelva de manera justa. Por ello, convocamos el siguiente acto, al que llamamos a participar:

Concentración el miércoles 16 de noviembre a las 19:00 ante la sede del PSOE, contra el fraude de los acumulos y la represión sindical.

2.642 pacientes llevan 6 meses pendientes de una operación mientras aumenta la demora en las pruebas diagnósticas

El Consejero de Sanidad Sebastian Celeya no consigue dar con la clave para reducir la lista de espera quirúrgica en Aragón. De los 25.202 pacientes que aguardan una operación, 2.642 (tan solo cuatro personas menos que en agosto) lo hacen desde hace más de seis meses. La mitad de ellos, 1.301, precisan una intervención de Traumatología; 486, de Cirugía General, y 265, de Neurocirugía. 

El mayor volumen de listas de espera en Aragón se registra en Traumatología, donde 1.300 pacientes están en lista de espera desde hace más de 6 meses, con una demora media en estos momentos de 145 días. Desde el Departamento de Sanidad señalan que se ha contenido el incremento habitual del verano y que en dos años se ha reducido en 4.000 el número de pacientes de más de 6 meses, aunque sigue siendo la lista más problemática y en septiembre, 353 de los operados soportaron ese tiempo de espera, aportando Traumatología prácticamente la mitad de los enfermos que esperan más de medio año. 

Pero los problemas no solo se centralizan en Trauma. Los responsables sanitarios no ocultan su preocupación por la tendencia ascendente de la lista de Cirugía General y Digestivo, que en septiembre la conforman 486 personas (21 más que en agosto y 112 más que en julio) y la de Oftalmología. En esta última especialidad hay 107 aragoneses aguardando cuando en el mes de agosto había 36. Es, precisamente, en uno de sus procesos más frecuentes, y que más había mejorado en el último año, donde las cifras más han empeorado. Si en julio ocho personas estaban pendientes de una intervención de cataratas, en septiembre ya son 75.

Ante la lista de espera publicada recientemente, fuentes del Departamento de Sanidad destacaron que aunque son 2.642 las personas pendientes de una operación desde hace más de seis meses, son 388 menos que en septiembre de 2015 y 4.000 menos que en el mismo mes de 2014, cuando se alcanzaron las 6.654.

El director general de Asistencia Sanitaria, Manuel García Encabo, cree que todo se debe a indicaciones de intervenciones que luego no se llevan a cabo y lo cifra en un 70 %. Por ello, las 3 unidades de columna de Aragón están trabajando para aunar criterios. En Cirugía General hay casi 500 pacientes en esta situación, y 265en Neurocirugía, que tienen en estos momentos una demora media de más de 200 días. Cirugía Vascular tiene demoras de más de 3 meses de media para 103 pacientes.

La situación de la lista de espera se achaca muy a menudo también a las demorasen la realización de las pruebas diagnósticas. El verano ha agravado la situación y en estos momentos hay cerca de 15.300 personas pendientes de una ecografía y cerca de 7.000 de un TAC.

En Aragón se realizan cada año 54.000 resonancias y ecográficas, 40.000 en el sistema público y el resto se conciertan. Ahora, con el denominado Anillo Digital, se podrá atender toda la demanda porque la digitalización de la imagen de todos los centros va a permitir que las pruebas se informen por cualquier radiólogo, acelerando el proceso.

Fuentes: Heraldo de Aragón / cadenaser.com

Fotografía: www.abc.es

Las Mutuas privadas son un negocio en manos de bancos, fondos especulativos, ex-ministros y/o defraudadores

“Los seguros privados de salud son uno de los ámbitos donde se prevé mayor crecimiento en los próximos años”. Isidro Fainé (La Caixa)

“En plena caída del negocio del crédito y ante los escasos márgenes de las inversiones y del ahorro, la banca decidió volcarse en el área de los seguros de salud”. (La Marea)

El negocio sanitario prometía. Por eso en 2009 La Caixa compró Adeslas a cambio de ceder Agbar a la francesa Suez. En 2011 entró en el accionariado Mutua Madrileña. En el consejo de administración de la mutua encontramos Carlos Cutillas (ex El Mundo, Sacyr-Vallehermoso, Chamartin Inmobiliaria); Jaime Montalvo (consejero Banco Santander); Jaime Lamo (Subsecretario de agricultura durante el franquismo y ministro de Adolfo Suárez) y José Luís Marín (ex presidente de ENDESA, director a Acciona y consejero a AMENA) entre otros. En los nueve primeros meses de 2014 SegurCaixaAdeslas obtuvo 161 millones de euros de beneficios.

Sanitas es propiedad de la transnacional inglesa de sanidad privada BUPA. La filial española está presidida por José Ramón Álvarez, ex presidente del Banco Zaragozano, de ArcelorMittal, ex-gobernador del Banco de España, ex presidente de la fundación Príncipe de Asturias y Conell de Tele5 entre otros. Entre los consejeros encontramos Matias Rodríguez, número 2 del Banco Santander y ex ministro de Gobernación de Calvo Sotelo y, también, ex presidente de la Fundación Príncipe de Asturias. Sanitas está siendo investigada por Hacienda por un supuesto fraude de 28 millones de euros a raíz de movimientos irregulares entre las filiales del grupo.

DKV Seguros pertenece a la compañía transnacional alemana Munich Health de quien el especulador Warren Buffet (Berkshire Hathaway) es el principal accionista. En España DKV participó en la quiebra de varios hospitales privatizados en Valencia durante el gobierno de Zaplana, con el apoyo financiero de las rescatadas CAM y Bancaja. El presidente del consejo de administración es Javier Vega de Seoane Azpilicueta, quien ha formado parte de los consejos de administración de SEAT, Red Eléctrica Española, CAMPSA, ThyssenKrupp, EMTE y Ferrovial entre otros. Es vicepresidente del Círculo de Empresarios.

MAPFRE cotiza en el IBEX 35 y tiene 10 sociedades en paraísos fiscales. Según el Informe de Responsabilidad Corporativa también tiene participación empresarial en productoras “de armas controvertidas”. Por el consejo de administración de MAPFRE han pasado Rodrigo Rato (PP), Francisco Ruiz Risueño (UCD) y José Manuel Fernandez. El presidente de MAPFRE es Antonio Huertas, quien tiene un sueldo de 79.000 € mensuales. Entre los consejero de administración destaca Manuel Lagares (también consejero en Iberdrola) y Alfonso Rebuelta, proveniente de JP Morgan, Citibank. Hasta 2013 el rescatado Bankia tenía el 15% de las acciones.

El  grupo Vithas Salud (perteneciente a los hermanos Gallardo, dueños por ejemplo de la farmacéutica Almirall) nació en 2012 con una facturación de 196 millones de euros de los que al menos 30 millones procedían de conciertos con administraciones como la gallega o la valenciana. El año pasado ingresó 300 millones y amplió su actividad en Andalucía o Baleares, donde se alió con Asistencial Juaneda, que lleva la radioterapia en Ibiza y Menorca. La familia posee además el 50% de un fondo que controla el gigante de la asistencia geriátrica Quavitae, que gestiona residencias públicas por toda España y con varios centros, residencias y SAD en Aragón.

Humana, Gilead, el capitalismo y los enfermos de hepatitis C

Cuando se trata de dinero, las coincidencias no existen. Humana (el seguro de medicina privada para la que trabajaba Linda Peeno cuando denegó el tratamiento a un hombre que acabó muriendo) tiene como uno de sus principales accionistas el fondo de inversión Capital World Investors quien a la vez es uno de los principales accionistas de la farmacéutica Gilead, propietaria de la patente de Sovaldi, el carísimo medicamento para tratar la hepatitis C.

Fuentes: www.cafeambllet.com / www.eldiario.com

Fotografías: www.cafeambllet.com / http://www.balancesociosanitario.com / http://consalud.es / www.eleconomista.es

Montoro se cobra 1,25 millones por el céntimo sanitario que Aragón nunca aplicó

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha encontrado con la sorpresa de que el Gobierno central en funciones del PP ha decidido confiscar 1,25 millones de euros a la capital aragonesa de la liquidación de la participación de los ingresos del Estado por la que le correspondía este año percibir unos 15 millones y se quedará con dos. Primero fueron los 12 que decidió quedarse el Ministerio de Hacienda para cobrarle de golpe toda la deuda pendiente, y ahora se suman estos otros que se deben a una reducción de la parte correspondiente al impuesto sobre hidrocarburos. La razón no es otra que costear, a costa de las entidades locales, la devolución del cobro del céntimo sanitario a la que le obligó la Justicia. Lo llamativo en este caso es que esta imposición, que se aplicó en España entre el 2001 y el 2011, nunca se llegó a materializar en Aragón y ahora le costará dinero a la capital.

Todo parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que en febrero del 2014 declaró que la ley estatal que autorizaba el cobro del denominado céntimo sanitario era contraria a la directiva europea. Una resolución judicial que ratificó, en febrero del 2016, el Tribunal Supremo, obligando al Ejecutivo central a restituir el daño causado a los afectados. Se estima que la cuantía ronda los 340 millones de euros y que ha decidido cobrárselo a los ayuntamiento en las liquidaciones del Fondo Estatal del 2014.

Basándose en la participación de los ingresos del Estado que le corresponden a los ayuntamientos, el Gobierno central en funciones ha decidido echar mano de la parte correspondiente al impuesto sobre hidrocarburos, por el que Zaragoza percibe cada año más de 3 millones de euros. El año pasado fueron 3,32 millones, en este ya van por 2,98.

La resolución se adoptó en agosto, por parte de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local dependiente del Ministerio de Hacienda, al que ahora el consistorio zaragozano ha enviado un requerimiento para exigir la devolución de esos 1,25 millones de euros confiscados a la ciudad. Porque, entre otras cosas, el céntimo sanitario en Aragón no se aplicó nunca. 

Fuente: El periódico de Aragón.

Fotografía: www.huffingtonpost.es

Coca-Cola y Pepsi pagan millones para que las bebidas azucaradas no sean vinculadas con la obesidad y otras enfermedades

Según un estudio, 96 organizaciones de EE.UU. recibieron entre 2011 y 2015 millones de dólares de los dos gigantes de las bebidas azucaradas.

En ese tiempo, Coca-Cola y Pepsi presionaron para que no vieran la luz hasta 29 proyectos de ley de salud pública que pretendía reducir el consumo de refrescos.

En España, Coca-Cola colabora con organismos y academias de la salud y la nutrición.

La epidemia de la obesidad (así denominada por la OMS) que afecta especialmente a los países desarrollados no deja de ir en aumento, acompañada de serios problemas para la salud como diabetes o enfermedades cardiacas. Tanto es así que una quinta parte de la población mundial será obesa en 2025 si no se hace nada por remediarlo. En España, el 40% de la población ya tiene sobrepeso. Las culpables, como se ha demostrado en la mayoría de los casos, son las bebidas azucaradas.

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Boston y publicado la semana pasada en la revista científica American Journal of Preventive Medicine ha revelado que las dos compañías de refrescos más grandes de EE.UU., Coca-Cola y Pepsi, financiaron entre 2011 y 2015 a un total de 96 organizaciones nacionales de salud, incluyendo muchas instituciones públicas del ámbito médico y de la salud, cuyo objetivo es precisamente la lucha contra la obesidad.

En paralelo, durante ese mismo periodo, ambas empresas se confabularon contra 29 proyectos de ley de salud pública que pretendían reducir el consumo de refrescos o mejorar la calidad de la nutrición.

Una lata de refresco de cola tiene 39 gr de azúcar (aproximadamente 10 terrones)

Los dos gigantes "utilizaron sus relaciones con las organizaciones de salud para desarrollar una asociación positiva para sus marcas", según explica en un comunicado Daniel Aaron, estudiante de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston y coautor del estudio junto al profesor de Ciencias de la Salud Michael Siegel. Es decir, que se valían de su influencia para ocultar la posible relación de algunos de sus productos con la obesidad. "Neutralizaban cualquier tipo de oposición legislativa invocando a la dependencia financiera de las organizaciones nacionales de salud", añade Aaron.

Los investigadores indagaron en los patrocinios y las prácticas de lobby por parte de ambas compañías para llegar a elaborar una lista de 96 organismos de salud que aceptaron dinero de Coca-Cola y Pepsi. Doce organizaciones recibieron financiación de ambas empresas, una aceptó solo de PepsiCo y otras 83 aceptaron dinero solo de Coca-Cola. Entre las asociaciones patrocinadas se encuentran dos que combaten la diabetes, la Asociación Americana de Diabetes y la Fundación de Investigación para la Diabetes Juvenil, un hallazo "sorprendente" para los autores del estudio, "dado el vínculo que hay entre la diabetes y el consumo de refrescos".

Entre 2011 y 2014, Coca-Coca invirtió de media en estas prácticas más de 6 millones de dólares (unos 5,3 millones de euros) al año, mientras que PepsiCo gastó más de 3 millones de dólares al año y la Asociación Americana de Bebidas, un millón de dólares al año, asegura este estudio.

El informe también pone de manifiesto que asociaciones como la Academia de Nutrición y Dietética o la Academia Americana de Pediatría decidieron poner fin a estas prácticas yno renovar los contratos que tenían con Coca-Cola a finales de 2015. Los autores del estudio emplazan al resto de organizaciones de salud a hacer lo mismo.

Una lata de refresco de cola tiene 39 gr de azúcar (aproximadamente 10 terrones)

Que entidades especializadas en salud reciban dinero de estos gigantes de la industria alimentaria no es una situación exclusiva de EE UU. También en España, Coca-Cola colabora con organismos y academias de la salud y la nutrición, tal y como publicó en marzo de este año la propia compañía.

Este estudio sobre Coca-Cola y Pepsi no ha sido el único que ha tratado de desenmascarar todo lo que hay detrás de la industria de la alimentación. El pasado mes de septiembre salió a la luz en la revista de la Asociación Americana de Medicina que el lobby del azúcar pagó estudios científicos para que culparan a la grasa como la principal responsable de los problemas cardiacos y la obesidad y así desviar la atención del azúcar.

La OMS pide nuevos impuestos a las bebidas azucaradas para frenar la obesidad aunque algunos países ya han empezado a luchar contra la obesidad estableciendo un impuesto sobre las bebidas azucaradas, como es el caso del Reino Unido, que argumentó para llevar a cabo esta medida que esta enfermedad "cuesta a la economía británica 27.000 millones de libras (35.000 millones de euros) al año".

Fuente: http://www.20minutos.es/

Fotografías:

- Lata Pepsi 10 terrones de azúcar: http://experimentosdefisicayquimica.blogspot.com.es/

- Lata Coca-Cola 39 gramos de azúcar: http://salud.univision.com/

Al Ministerio de Sanidad no le interesa implicarse con las mujeres que padecen endometriosis

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria, crónica y tumoral benigna que afecta a entre un 10-15 % de la población femenina en edad fértil. "El Ministerio de Sanidad no considera una prioridad una enfermedad que afecta a cerca de dos millones de personas”, mantienen desde las asociaciones de mujeres con endometriosis.

El pasado día 28 de septiembre, las asociaciones de mujeres con endometriosis de EndoMad de Madrid, EndoCat de Catalunya, Aexae de Extremadura, Adaez de Zaragoza y QuerENDO de Galicia, mantuvieron una reunión, la tercera en tres años, con el Ministerio de Sanidad en la que, el tratamiento y consecuencias para la vida de las mujeres que sufren endometriosis y sus parejas, quedaron postergadas una vez más.

Desde las asociaciones antes citadas lamentan que el Ministerio de Sanidad lleve 4 años “incumpliendo su propia guía de atención a pacientes con endometriosis”. “No existen las unidades multidisciplinares de endometriosis, pese a que el informe de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia recomendó su inclusión al Comité de Designación, por las necesidades específicas. Incluso la propia guía no ha sido distribuida entre los profesionales médicos”, afirman.

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria, crónica y tumoral benigna que afecta a entre un 10-15 % de la población femenina en edad fértil. Es la primera patología por prevalencia, siendo más frecuente que el asma, la diabetes, la epilepsia y el SIDA juntas, sin embargo debido a la falta de concienciación y formación médica, la media de diagnóstico se sitúa entorno a los 9 años.

“Es incomprensible e inadmisible que una enfermedad con tantas aristas no sea considerada para la creación de CSURs (unidades especializadas donde se reciben derivaciones de todas los territorios del Estado español)”, señalan. Estas unidades están contempladas en la Guía que el propio ministerio editó en el año 2013, sin embargo el comité de designación, que debería haberlos aprobado para llevar al Consejo Interterritorial de Sanidad, no ha hecho sus deberes y ha decidido que las mujeres afectadas por endometriosis no son una prioridad a tratar en el antedicho Consejo interterritorial”, indica Gloria Camuñas de EndoCat.

“El Ministerio de Sanidad no considera una prioridad una enfermedad que afecta a cerca de dos millones de personas. Ni se compromete a hacer un estudio epidemiológico sobre ella, el Centro Nacional de Epidemiología, dependiente de dicho Ministerio, no tiene previsión de hacerlo para poder contar con datos fiables sobre la verdadera prevalencia de la enfermedad.”, explica Ana Touriño de QuerEndo.

Por su parte, Laura Montes de EndoMad, subraya que “en las mujeres con endometriosis hay hasta un 50 % de casos de infertilidad”, y aún así, ante estas cifras, “el Ministerio de Sanidad no ha llegado a ningún compromiso para ayudar a las parejas que sufren esta infertilidad”. “La endometriosis afecta también a la vida laboral, causando serias incapacidades a algunas personas que la sufren, pero no está contemplada como motivo de incapacidad y el Instituto Nacional de la Seguridad Social tampoco lo incorpora en su agenda.” reconoce Lucía Torres de EndoMad. Al mismo tiempo, su compañera Irene Aterrido se pregunta, “¿qué sucedería si se tratase de una enfermedad que afectase a la vida sexual del 10% de los hombres? Yo creo que estaría erradicada”, responde ella misma.

En opinión de las asociaciones, queda claro que “el Ministerio de Sanidad no considera la endometriosis y todas sus problemáticas asociadas una prioridad en su agenda política y administrativa”. Además, confiesan que “en ningún momento se ha conseguido una entrevista con los responsables máximos del Ministerio de Sanidad”, lo que las lleva a sospechar que no hay un compromiso real para con los aproximadamente dos millones de mujeres afectadas por esta enfermedad en el Estado español. Por ello, en vista del poco éxito obtenido con esta visita al ministerio, las mujeres con endometriosis han iniciado un turno de visitas para reunirse con los grupos con representación en la Comisión de Sanidad del Congreso, y así plantearles sus demandas.

Fuente: arainfo.org

Fotografía: http://la-vida-con-endometriosis.blogspot.com.es/

Estudiantes millonarios de EEUU harán las prácticas de manera gratuita pagadas por el SALUD

El Servicio Aragonés de Salud (SALUD) dará prácticas gratuitas a los estudiantes de la St. Mary´s Institute For Educacional Excellence, LLC que lo deseen. Los alumnos de esta Institución para estudiantes de papás millonarios con ganas de hacer turismo por Europa podrán hacerlo gratis gracias a los recursos del Servicio Aragonés de Salud. Así lo establece el convenio firmado el nueve de mayo del 2016 (publicado en el BOA de 28 de septiembre) entre Sebastián Celaya Pérez, Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón y Mr. Joao Toste en representación de St. Mary’s lnstitute for Educational Excellence, LLC (en adelante SMI), North Carolina Estados Unidos.

Se trata del programa Atlantis que el SMI ofrece a los estudiantes universitarios la oportunidad de observar actividad hospitalaria en un contexto internacional. Las practicas se corresponderán con los siguientes períodos: a) Invierno: de principios de diciembre a finales de enero. b) Primavera: marzo o abril. c) Verano: de mediados de mayo a finales de septiembre.

La suscripción de este acuerdo no conlleva abono alguno de cantidades económicas al SALUD por los gastos que se puedan originar. Los estudiantes estarán obligados a guardar confidencialidad y los profesionales del SALUD a enseñarles (gratis) sin percibir remuneración por ello.

Celaya no para de hacer "celeyadas" con las que nos sorprende día a día. La de hoy consiste en destinar recursos sanitarios para el turismo de hijos de papá estadounidenses. Mañana la prensa local le aplaudirá (a cambio de lentejas) una vez más.

Fuente: https://heraldodeoregon.wordpress.com

Fotografía: www.elconfidencial.com

La DGA continúa con el fraude en la contratación de empleo público en el SALUD

El Gobierno de Aragón aprueba una Oferta de Empleo Público para el Servicio Aragonés del Salud (SALUD) con la que perpetúa el fraude a gran escala en la contratación de 807 plazas, 1.481 menos de las esperadas por algunos sindicatos.

De las 807 plazas ofertadas, 508 son las reservadas para las pruebas de acceso libre, 241 destinadas a la promoción interna, 54 para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% y las 4 restantes están dirigidas para los casos de víctimas del terrorismo.

Por puesto de trabajo el grueso de las plazas están previstas para el personal de Enfermería (268 para titulados en Enfermería: 22 para el área de salud mental y 195 para auxiliares de Enfermería). El segundo lugar es para los facultativos especialistas con 92 plazas, 66 para médicos de familia, 50 de celadores y 35 de auxiliares administrativos. El resto de plazas se reparten en personal de mantenimiento y pinches principamente.

De las 1.481 plazas que algunos esperaban y que han sido descartadas por el gobierno aragonés, es motivo de una situación esperpéntica que viene de lejos… En cualquier caso, para la CNT no se trata de fijar el número en 807, ni en los 1.481 que piden algunos sindicatos que por otra parte jamás pelearon por solucionar un problema que afecta a gran parte de la plantilla del SALUD: se trata de cortar de raíz el fraude que la Administración viene cometiendo de manera sistemática al cubrir plazas estructurales con contratos temporales, y convertir en interinos indefinidos todos los contratos en esta situación, pues lo contrario es atentar contra los derechos laborales más elementales, como vienen indicando los tribunales.

Ya en febrero de 2015, tras las múltiples demandas y causas ganadas por la sección Sindical de CNT en el SALUD, donde los tribunales obligaron a la Administración a modificar los contratos eventuales de Acumulos de Tareas por contratos de Interinidad indefinida a los trabajadores/as que pusieron las demandas, la DGA junto con CCOO, Cemsatse y CSIF hicieron público un acuerdo donde prometían convertir 1.386 trabajadores/as eventuales en interinos/as.

CNT, en plena campaña de información al personal del SALUD sobre las victorias conseguidas por miembros de la Sección Sindical e informando a los trabajadores y trabajadoras de la situación fraudulenta que es encadenar contratos eventuales durante años para el mismo puesto de trabajo (hace pocos días, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó esto mismo que ya afirmamos entonces) ya desconfiaba, y sabía que ese pacto entre la DGA y algunos sindicatos no era más que una cortina de humo para desalentar a los trabajadores/as de interponer una demanda con la CNT y cambiar de este modo su situación contractual.

La cifra de 1.386 conversiones llegó a elevarse hasta las 1.483 a propuesta del Gobierno de Aragón, mientras sindicatos como CCOO, tachaban las demandas de los afiliados/as a la Sección Sindical de CNT en el SALUD y las resoluciones del tribunal Contencioso-Administrativo como irracionales.

Es lógico, ya que algunos sindicatos siguen el juego a la Administración para lucrarse económicamente a costa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del SALUD. Estos sindicatos por medio de la gestión indirecta de las bolsas de empleo público, bolsas desde las que se accede a los puestos eventuales de Acumulos de Tareas gracias a un sistema de puntos, los cuales aumentan sustancialmente con la realización de cursos de formación que imparten ellos mismos, perciben millones de euros anuales en subvenciones públicas para su realización.

La Administración, con esta estrategia de cubrir por medio de contrataciones fraudulentas las vacantes producidas por hechos, como la jubilación del personal con plaza fija por oposición, consigue con el beneplácito de estos sindicatos crear una situación de inseguridad y precariedad laboral que con los años ha alcanzado a un gran número de trabajadores/as del SALUD, muchos más de 1.481, lo cual supone sentar las bases de una futura privatización total, al acostumbrar a la plantilla a trabajar en unas condiciones de precariedad que resulta muy alta incluso según parámetros de la empresa privada.

Por ello la CNT manifiesta su hartazgo respecto a promesas políticas donde se ofrecen subsanar pequeños porcentajes de los contratos fraudulentos que la Administración tiene con sus trabajadores y trabajadoras, de manera que este sindicato exige:

Acabar con las bolsas de empleo tal y como están organizadas actualmente, buscando otros mecanismos más justos para cubrir los puestos eventuales que se que se puedan originar para atender las necesidades temporales y/o excepcionales en los centros sanitarios (tal como dictaminó el TJUE).

La revisión caso por caso de todas las contrataciones eventuales por Acumulos de Tareas y las de vacante que ya haya transcurrido el tiempo estipulado, pasando a contratos de interinidad indefinida todas aquellas que se encuentren en fraude de ley (la gran mayoría)  consolidando todos los puestos de trabajo.

Realización de las oposiciones oportunas según marque la ley para cubrir todas las necesidades de personal que se precise para la correcta realización del servicio.

Estos tres pasos son los que en el sindicato CNT pensamos que son necesarios para que los trabajadores y trabajadoras del SALUD dispongan de unas condiciones laborales dignas para realizar un servicio de calidad que afecta a todas las personas que lo utilizan, además de acabar con un entramado de actuaciones fraudulentas que aparte del alto coste económico que genera al contribuyente, favorece las políticas de privatización de la Sanidad Pública.

La Sección Sindical de CNT en el SALUD lleva años actuando, sin esperar a que los actores que provocan esta situación cumplan promesas pobres y banales, luchando por cambiar las condiciones de precariedad laboral fraudulenta y consentida de los trabajadores y trabajadoras del Sistema Aragonés de Salud, donde los tribunales una y otra vez nos dan la razón.

Un tribunal europeo avala las sentencias conseguidas por la CNT en el Servicio Aragonés de Salud (SALUD)

Según apareció una noticia publicada éste miércoles pasado día 14 de septiembre en el periódico "el mundo", El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció como ilegal el hecho de encadenar contratos temporales para cubrir puestos permanentes en el sector de los servicios de salud, hecho que reafirma y avala a nivel europeo las sentencias conseguidas por la CNT en sus denuncias por estos mismos hechos y que han condenado en varias ocasiones al Servicio Aragonés de Salud (SALUD).

El TJUE con sede en Luxemburgo "se pronunció sobre el caso de una enfermera que trabajó en el Hospital Universitario de Madrid entre febrero de 2009 y junio de 2013 con un nombramiento de naturaleza temporal que fue renovado en siete ocasiones" según dicta el artículo, declarando que la norma española, al permitir la renovación de contratos de duración determinada para cubrir las necesidades permanentes y estables del centro, infringe el acuerdo marco sobre trabajos de duración determinada.

Por todos y todas es sabido que ésta es una práctica muy habitual por la Administración Pública, y más en el departamento de Sanidad, el hecho de que los trabajadores/as vayan encadenando contratos temporales durante años mientras ejercen en el mismo puesto de trabajo, creando una situación de inseguridad y precariedad laboral permitida por los sindicatos que se lucran de las ayudas y subvenciones públicas que se les adjudican por los cursos de formación, los cuales ayudan a sumar puntos en las bolsas de empleo que dan acceso a uno de esos puestos de tan dudosa temporalidad.

Desde CNT, sindicato autogestionado que no acepta subvenciones, se han llevado a los tribunales de justicia varios casos de afiliados y afiliadas a la Sección Sindical de CNT en el SALUD, que como la enfermera de la noticia de "el mundo" llevaban años encadenado contratos eventuales para el mismo puesto de trabajo, con el fallo favorable del tribunal Contencioso-Administrativo a los derechos del trabajador/a convirtiendo su contrato alegal-temporal en un contrato de interinidad.

Según el tribunal de Luxembrugo "las autoridades nacionales deben establecer las razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos", cosa difícil de demostrar ya que la inmensa mayoría de esos puestos son de naturaleza estructural, debiéndose considerado interino indefinido por vacante desde el primer momento.

Así pues animamos las personas que se encuentran en esta misma situación, encadenando contratos eventuales de trabajo que se acerquen a la CNT, ya que seguirá demandando al SALUD ante estos abusos en la temporalidad de su plantilla.

Sin subvenciones, sin liberados/as. Otra forma de hacer sindicalismo. CNT funciona.

Fuentes:

- Caso del TJUE:

 http://www.elmundo.es/economia/2016/09/14/57d919b7268e3ea5638b4657.html

- Casos de los trabajadores/as del SALUD en Aragón:

http://www.abc.es/espana/aragon/abci-sentencia-reconoce-como-indefinido-interino-sumo-13-contratos-cuatro-anos-201603311434_noticia.html

http://aragon.cnt.es/cnt-salud-salud-condenado-una-vez-mas-readmitir-trabajador-la-cnt/

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/salud-obligado-readmitir-trabajadores-indefinidos_1024990.html

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/sentencia-pone-jaque-contratos-eventuales-salud_982619.html

Fotografías:

- TJUE: lavanguardia.com

- Únete: CNT

Aragón aumenta en 20,7% su deuda sanitaria respecto al año pasado

Aragón se sitúa entre las siete comunidades con más deuda sanitaria, con 281,5 millones, según los datos publicados ayer por del Ministerio de Hacienda correspondientes al pasado mes de mayo. En el mismo periodo del 2015, la deuda en la comunidad era de 233,276 millones de euros, con lo que la actual se ha incrementado en un 20,7%.

En el conjunto de las comunidades, la cifra asciende a más de 6.600 millones --frente a los 5.863 millones de hace un año--. De ellos, el 13,36% tiene su origen en años anteriores, mientras que el 86,64% corresponde al 2016.

Hay autonomías en las que el incremento es significativo, como Castilla y León, que ha pasado de tener 87,2 millones en mayo del 2015 a 489,1 en el mismo mes de este año, o Murcia (de 261,8 millones a 434,9 millones).

La Comunidad Valenciana es la más endeudada (con casi 1.385 millones), seguida de Cataluña (1.243,5 millones), Madrid (859,9 millones), Andalucía (755,8 millones), Castilla y León (489,1), Murcia (434,9), Aragón (281,5) y Galicia (240 millones).

Por el contrario, las que menos deben son Navarra (19,7 millones de euros), La Rioja (24,3 millones), Cantabria (62,9), Asturias (64,5 millones) y País Vasco (81,2 millones).

El último informe mensual publicado por el departamento que dirige el ministro de Hacienda en funciones, Cristobal Montoro, sobre los plazos de pago a proveedores y deuda comercial de las comunidades autónomas subraya que la contraída en el sector sanitario representa el 70,08% del total. Aragón es, junto a Extremadura, dos de las comunidades que más tardan en pagar, según los datos del Ministerio de Hacienda correspondientes a abril, con 120 y 110 días respectivamente. Aunque Castilla-La Mancha y La Rioja son las autonomías que más aumentado respecto al 2015.

Fuente: elperiodicodearagon.com

Fotografía: aragonhoy.net

Las personas residentes en pueblos limítrofes de Valencia y Aragón serán atendidos en los centros sanitarios mas cercanos

El Pleno del Consell ha acordado la remisión a Les Corts Valencianes de un convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para la prestación de asistencia sanitaria en zonas limítrofes.

Las líneas principales de colaboración de este acuerdo hacen referencia a la atención sanitaria en urgencias, emergencias y transporte sanitario, la atención primaria de salud y la atención especializada de la población de ambas comunidades autónomas. Este convenio deberá ser aprobado por Les Corts Valencianes antes de la firma del mismo.

Este convenio actualiza uno anterior que se firmó en el 2006 y se encontraba vencido. El acuerdo pretende que los habitantes de ambas comunidades puedan continuar beneficiándose de la asistencia sanitaria integral en los centros más cercanos y accesibles a su domicilio, con independencia de donde residan.

El presente acuerdo va a ser de aplicación en las zonas geográficas limítrofes de ambas comunidades. Concretamente, las localidades afectadas por el anterior convenio son: Ademúz (1.149 habitantes); Casas Altas (146), Casas Bajas (188), Castielfabib (275), Torrebaja (435), Vallanca (149), Puebla de San Miguel (79) y Herbés (49). En total suponen una población de 2.460 personas de la Comunitat Valenciana.

Respeto a las zonas de salud y municipios de la Comunidad de Aragón, la población afectada por el convenio es la de los municipios de: La Cuba, Cantavieja, Cañada de Benatanduz, Fortanete, La Iglesuela del Cid, Mirambel, Pitarque, Tronchón y Villarluengo en la zona de salud de Cantavieja; Linares de Mora, Mosqueruela, Puertomingalvo y Valdelinares en la zona de salud de Mosqueruela; Mora de Rubielos, Alcala de la Selva, Cabra de Mora, Fuentes de Rubielos, Gudar, Nogueruelas, Rubielos de Mora, y Valbona, en la zona de salud de Mora de Rubielos; y Sarrión, Abejuela, Abentosa, Arcos de las Salinas, Manzanera, Olba, La Puebla, San Agustín y Torrijas, en la zona de salud de Sarrión. En total suponen una población de 9.348 personas.

Hay que resaltar las características orográficas, demográficas y sociales de las poblaciones afectadas, como la dispersión de la población, los problemas de comunicación derivados de unas carreteras de montaña a veces en mal estado y que sufren una frecuente climatología adversa. A ello se suma el envejecimiento de la población de estos lugares.

Todo ello explica la conveniencia de que los ciudadanos afectados por el convenio sean atendidos en centros de salud cercanos a las poblaciones de residencia de los mismos.

Características del convenio

El objetivo de este acuerdo es facilitar la accesibilidad de la atención sanitaria primaria y especializada más cercana para los pacientes, así como el transporte sanitario y las prestaciones farmacéuticas, de zonas limítrofes de ambas comunidades.

Además, se pretende promover la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos y asegurar la coordinación de los dispositivos sanitarios de ambas comunidades autónomas.

También se contempla potenciar la implicación conjunta de los profesionales sanitarios de ambas comunidades, así como facilitar el intercambio de conocimientos científicos y técnicos.

El convenio estipula que la atención de mayor complejidad será realizada en los centros hospitalarios de referencia más cercanos de la Comunitat Valenciana o de la Comunidad de Aragón, indistintamente, y de acuerdo, siempre, con la aceptación del paciente. Para ello se facilitará el flujo de información de cada paciente correspondiente a la historia clínica u otra información de interés para la gestión del caso.

Respecto al transporte sanitario no urgente será garantizado preferentemente por la comunidad autónoma de origen del paciente. En lo relativo a la asistencia farmacéutica, se dispensarán las recetas en el centro donde sea atendido el paciente.

Las prestaciones sanitarias que se faciliten en aplicación de este convenio y que sean susceptibles de poder ser compensadas se realizarán con cargo al Fondo de Cohesión Sanitaria, el Fondo de Garantía Asistencial o el procedimiento establecido para ello.

Fuente: lasprovincias.es
Fotografía: metroecuador.com.ec

Censuran nuevamente el mural de la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad frente a la Consejería de Salud de la DGA en Zaragoza

De nuevo, un ataque contra la libertad de expresión con el borrado de dos murales en la plaza de la Convivencia en el barrio de Delicias, ha sido llevado a cabo. Concretamente, los murales eliminados han sido, uno de ellos el que realizó la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad frente a la Consejería de Salud de la DGA, y que denunciaba los intereses de diferentes empresas privadas en la gestión de la Sanidad Pública. Y el otro, un mural de carácter antifascista. Ambos han sido borrados.

Un hecho que ya ocurrió poco después de que estos fueran realizados dentro de las I Jornadas “Territorio Delicias” el pasado mes de marzo y bajo los permisos pertinentes. En aquel momento, el consejero de Servicios Públicos y Personal del ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, manifestó su malestar por el borrado de uno de los murales. Destacó entonces que el borrado fue realizado por iniciativa de la empresa FCC, y que desde el servicio municipal de limpieza pública no se había realizado ninguna petición al respecto.

En aquellas jornadas se dibujaron un total de cinco murales que adornaban la plaza al final del día. A las 48 horas, ya quedaban solo cuatro. El mural censurado, que adaptaba una viñeta de El Roto para “denunciar la voracidad sin límites de grandes empresas -representadas por Sanitas, MAZ, FCC y Grupo Quirón- en su negocio con la privatización de la sanidad pública”, había sido encalado por completo.

“Estos hechos nos parecen un ataque intolerable a los derechos fundamentales y libertades públicas, además de una malversación de los recursos públicos, utilizando trabajadores de las contratas municipales para silenciar una denuncia social que contaba con toda la legitimidad y legalidad”, declaraban entonces en un comunicado conjunto la Asamblea de Jóvenes del barrio y el 15M Delicias.

Al parecer, el borrado de los demás murales se ha detenido gracias a la intervención de los vecinos y vecinas del barrio, y de varios miembros de Asamblea Delicias. Esta ya es la segunda vez que ocurre, y hasta el momento no se conocen ni los motivos, ni de dónde ha partido la orden para su borrado.

Fuente: arainfo.org

Fotografía: Asamblea Delicias (mural y primer borrado en marzo)

Aumento "sin precedentes" del precio de los tratamientos contra el cáncer causado por los laboratorios

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que uno de cada tres habitantes del planeta carece de acceso en condiciones apropiadas a los medicamentos que necesitan. Hasta ahora esta realidad era casi exclusiva de los países empobrecidos o de aquellos con sistemas de salud precarios. Sin embargo, los elevados precios de algunos tratamientos impuestos por algunas compañías farmacéuticas empiezan a afectar también a pacientes de los estados más ricos: el aldabonazo lo dio la hepatitis C. Pero el proceso se está reproduciendo ahora en la lucha contra el cáncer.

El caso de la célebre cura contra el virus de la hepatitis C sofosbuvir y su marca comercial Sovaldi (del laboratorio Gilead), obligó a países desarrollados, como los europeos o EEUU, a "enfrentar la decisión de ver a quién se trata y a quién no", explica a eldiario.es Elena Villanueva, Coordinadora de Análisis y Desarrollo del Instituto de Salud Global.

Terapias oncológicas                    

Sin embargo, este solo ha sido el germen de un problema mayor de accesibilidad a los medicamentos por su elevado coste. Según Villanueva, "el siguiente caso será sin duda el precio de los tratamientos de cáncer. Ya se ha visto un crecimiento exponencial del precio y es algo que está a la vuelta de la esquina". Una afirmación que ha sido refrendada por el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, Miguel Martín Jiménez, quien aseguró en El País que "en poco tiempo no vamos a poder pagar los tratamientos contra el cáncer".

Así lo señalan también dos estudios recientes publicados en sendas revistas científicas, según los cuales se ha producido un "aumento sin precedentes" en esas terapias. En el primero, publicado el pasado mes de abril en la revista de oncología de la Asociación Médica Estadounidense, se analizó la evolución del precio de 32 medicamentos contra el cáncer y se encontró que el valor medio pagado por las aseguradoras y los pacientes por un nuevo medicamento pasó de 1.800 euros en el año 2000 a más de 10.000 en 2014.

El problema afecta sobre todo a los tratamientos personalizados, que son aquellos más costosos y complejos, tal y como señaló otro estudio publicado el pasado mes de mayo en la revista Health Affairs. Hasta ahora muchos de estos productos tenían un precio de salida alto, precisamente debido a las pequeñas poblaciones de pacientes a las que iba dirigido. El razonamiento es que cuanto menor sea el número de pacientes, mayor debe ser el precio de salida para recuperar los costes de desarrollo.

Pero la lógica indica que una vez en el mercado, los nuevos avances y el aumento en el número de pacientes deberían hacer que el precio disminuyera. Sin embargo, "se está viendo que no está pasando esto y que los precios siguen subiendo hasta alcanzar a valores inasumibles", explica Villanueva.

Los autores de este estudio concluyen que para reducir los costos de estos medicamentos habría que afrontar un cambio de modelo y "considerar la implementación de políticas que afectan a los precios, no sólo en el momento del lanzamiento, sino también en los años posteriores".

"Un modelo roto"

Pero el problema de los tratamientos anti cáncer es solo el final de un largo camino. Uno de los primeros escándalos internacionales se produjo por el elevado precio de los tratamientos contra el sida, que los hacía inasumibles en el África subsahariana y que dio lugar a la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y la Salud Pública en el año 2001.

Para los científicos del Instituto de Salud Global (ISG), que han realizado una serie de informes en los que se analiza el modelo farmacéutico y los problemas accesibilidad que ha generado, esta declaración fue "un paso adelante en la batalla por el acceso a medicamentos esenciales", ya que se cuestionaba la preeminencia absoluta del interés comercial sobre el interés de los pacientes y permitía la creación de genéricos en zonas especialmente vulnerables.

Sin embargo, este acuerdo resultó "insuficiente" a juicio de los investigadores, ya que dejaba la puerta abierta a nuevos casos de lo que ellos llaman abusos por parte de la industria farmacéutica. Y señalan a la hepatitis C y el Sovaldi como "símbolo de todo lo que no funciona correctamente en el modelo global de innovación farmacéutica y acceso a medicamentos esenciales”, según aparece en uno de los informes.

Sobre ese sistema, indican que ha derivado en "un modelo roto en el que los intereses comerciales priman por encima de cualquier otro" y aseguran que "hay algo profundamente equivocado en un sistema […] que permite morir a millones de personas cuando el tratamiento que les salvaría la vida puede ser desarrollado, producido y comercializado a un precio que permita cubrir los costes de producción, incluyendo la I+D y un beneficio no abusivo".

Recobrar el control sobre los medicamentos

Al igual que las conclusiones de los estudios anteriores, para los científicos del ISG la solución no puede pasar por dejar la investigación en nuevos medicamentos exclusivamente en manos de la iniciativa privada. "Necesitamos recobrar el control sobre algo tan importante como son los medicamentos, para que ningún gobierno se vea en la situación de tener que decidir a quien se trata y a quien no, dejando morir a unos por encima de otros", explica Villanueva.

Para ello proponen un sistema de incentivos que permita mantener la contribución del sector privado, al tiempo que se garantice el interés público a través de leyes que impidan el abuso de poder y recursos públicos que extiendan la innovación a las enfermedades menos rentables.

"Sería un modelo a base de premios de forma que quien desarrolle un tratamiento o un avance contra una enfermedad en concreto se le pagará una cantidad", explica Villanueva. Según esta investigadora, se debe crear un sistema mediante el cual "el gobierno tenga el control de a cuánto se va a vender el medicamento y durante cuánto tiempo", ya que "a largo plazo será la única manera de asegurar la accesibilidad".

Fuente: www.eldiario.es

Fotografía: www.eleconomista.es