La Diputación General de Aragón (DGA) acaba de aprobar un presupuesto que no cubre todos los gastos. Así lo considera la interventora autonómica, Ana Gómez Barrionuevo, en un demoledor informe que detecta que el volumen de las partidas infradotadas puede superar los 250 millones, de los que 191 corresponden a Sanidad y Educación. El gasto corriente del SALUD, con 100 millones de agujero, y las nóminas de Educación y del Servicio Aragonés de Salud, son los principales problemas que arrastrará la gestión de las cuentas de este ejercicio. Ante esta situación, la interventora concluye que este presupuesto deberá asumir modificaciones, que restringirán las opciones para no ejecutar gastos y por lo tanto pondrán “en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit de 2016 (0,3% del PIB regional)”.
En el Servicio Aragonés de Salud (SALUD) aunque el Ejecutivo ha incrementado los gastos de personal, faltan 10 millones de euros si se toman como referencia las obligaciones que se asumieron el ejercicio pasado, según la interventora. Además, la máxima responsable del control de las arcas autonómicas indica que el gasto se elevó “en mayor medida” en la segunda mitad del año y que las propuestas en materia de personal (más días de vacaciones y de libre disposición) adoptadas a finales de 2015 aumentarán más los costes y causarán “un incremento de las contrataciones de personal de sustitución”. La interventora recuerda una cuestión ya conocida: aunque la ley de presupuestos recoge el pago de la extra, los 59 millones que supone esta medida no figuran en las cuentas.
Respecto al capítulo de gasto corriente, la interventora reconoce que el presupuesto del SALUD se ha incrementado con respecto a 2015 en 100 millones de euros hasta alcanzar los 413. Sin embargo, dice que el gasto real consolidado está estimado en 500 millones de euros, por lo que la funcionaria cree que al final del ejercicio quedarán en los cajones 100 millones.
Además de detectar “insuficiencias presupuestarias” en la mayor parte de las secciones, cita como ejemplo el pago de los agentes mediadores independientes, que en 2015 supuso 3,25 millones. También recomienda un control específico del gasto en conciertos sanitarios tras un recorte de 22 millones de euros.
La interventora indica que existe el riesgo de incumplir la regla de gasto, dado que apenas hay margen de que se produzca un ajuste derivado de no ejecutar partidas. En su repaso al presupuesto, la interventora solo da por bueno el capítulo 3, donde están recogidos los intereses de la deuda, que ascenderán 194,9 millones, frente a los 200,1 que se reconocieron en 2015. Tampoco detecta graves problemas de presupuestación en materia de ingresos y considera que en este aspecto las cuentas son ”realistas”.
Respecto a las transferencias a otras entidades, el informe confirma gastos “de obligado cumplimiento” que no quedan recogidos en las cuentas. Faltan 16 millones de euros en la nómina de la educación concertada, en su mayoría salarios, por lo que urge hacer una “estimación ajustada” y modificar el presupuesto.
Otro gasto que no se cubre es el de las farmacias, con 23 millones de roto.
Fuente: Heraldo de Aragón
