Aumento "sin precedentes" del precio de los tratamientos contra el cáncer causado por los laboratorios

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que uno de cada tres habitantes del planeta carece de acceso en condiciones apropiadas a los medicamentos que necesitan. Hasta ahora esta realidad era casi exclusiva de los países empobrecidos o de aquellos con sistemas de salud precarios. Sin embargo, los elevados precios de algunos tratamientos impuestos por algunas compañías farmacéuticas empiezan a afectar también a pacientes de los estados más ricos: el aldabonazo lo dio la hepatitis C. Pero el proceso se está reproduciendo ahora en la lucha contra el cáncer.

El caso de la célebre cura contra el virus de la hepatitis C sofosbuvir y su marca comercial Sovaldi (del laboratorio Gilead), obligó a países desarrollados, como los europeos o EEUU, a "enfrentar la decisión de ver a quién se trata y a quién no", explica a eldiario.es Elena Villanueva, Coordinadora de Análisis y Desarrollo del Instituto de Salud Global.

Terapias oncológicas                    

Sin embargo, este solo ha sido el germen de un problema mayor de accesibilidad a los medicamentos por su elevado coste. Según Villanueva, "el siguiente caso será sin duda el precio de los tratamientos de cáncer. Ya se ha visto un crecimiento exponencial del precio y es algo que está a la vuelta de la esquina". Una afirmación que ha sido refrendada por el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, Miguel Martín Jiménez, quien aseguró en El País que "en poco tiempo no vamos a poder pagar los tratamientos contra el cáncer".

Así lo señalan también dos estudios recientes publicados en sendas revistas científicas, según los cuales se ha producido un "aumento sin precedentes" en esas terapias. En el primero, publicado el pasado mes de abril en la revista de oncología de la Asociación Médica Estadounidense, se analizó la evolución del precio de 32 medicamentos contra el cáncer y se encontró que el valor medio pagado por las aseguradoras y los pacientes por un nuevo medicamento pasó de 1.800 euros en el año 2000 a más de 10.000 en 2014.

El problema afecta sobre todo a los tratamientos personalizados, que son aquellos más costosos y complejos, tal y como señaló otro estudio publicado el pasado mes de mayo en la revista Health Affairs. Hasta ahora muchos de estos productos tenían un precio de salida alto, precisamente debido a las pequeñas poblaciones de pacientes a las que iba dirigido. El razonamiento es que cuanto menor sea el número de pacientes, mayor debe ser el precio de salida para recuperar los costes de desarrollo.

Pero la lógica indica que una vez en el mercado, los nuevos avances y el aumento en el número de pacientes deberían hacer que el precio disminuyera. Sin embargo, "se está viendo que no está pasando esto y que los precios siguen subiendo hasta alcanzar a valores inasumibles", explica Villanueva.

Los autores de este estudio concluyen que para reducir los costos de estos medicamentos habría que afrontar un cambio de modelo y "considerar la implementación de políticas que afectan a los precios, no sólo en el momento del lanzamiento, sino también en los años posteriores".

"Un modelo roto"

Pero el problema de los tratamientos anti cáncer es solo el final de un largo camino. Uno de los primeros escándalos internacionales se produjo por el elevado precio de los tratamientos contra el sida, que los hacía inasumibles en el África subsahariana y que dio lugar a la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y la Salud Pública en el año 2001.

Para los científicos del Instituto de Salud Global (ISG), que han realizado una serie de informes en los que se analiza el modelo farmacéutico y los problemas accesibilidad que ha generado, esta declaración fue "un paso adelante en la batalla por el acceso a medicamentos esenciales", ya que se cuestionaba la preeminencia absoluta del interés comercial sobre el interés de los pacientes y permitía la creación de genéricos en zonas especialmente vulnerables.

Sin embargo, este acuerdo resultó "insuficiente" a juicio de los investigadores, ya que dejaba la puerta abierta a nuevos casos de lo que ellos llaman abusos por parte de la industria farmacéutica. Y señalan a la hepatitis C y el Sovaldi como "símbolo de todo lo que no funciona correctamente en el modelo global de innovación farmacéutica y acceso a medicamentos esenciales”, según aparece en uno de los informes.

Sobre ese sistema, indican que ha derivado en "un modelo roto en el que los intereses comerciales priman por encima de cualquier otro" y aseguran que "hay algo profundamente equivocado en un sistema […] que permite morir a millones de personas cuando el tratamiento que les salvaría la vida puede ser desarrollado, producido y comercializado a un precio que permita cubrir los costes de producción, incluyendo la I+D y un beneficio no abusivo".

Recobrar el control sobre los medicamentos

Al igual que las conclusiones de los estudios anteriores, para los científicos del ISG la solución no puede pasar por dejar la investigación en nuevos medicamentos exclusivamente en manos de la iniciativa privada. "Necesitamos recobrar el control sobre algo tan importante como son los medicamentos, para que ningún gobierno se vea en la situación de tener que decidir a quien se trata y a quien no, dejando morir a unos por encima de otros", explica Villanueva.

Para ello proponen un sistema de incentivos que permita mantener la contribución del sector privado, al tiempo que se garantice el interés público a través de leyes que impidan el abuso de poder y recursos públicos que extiendan la innovación a las enfermedades menos rentables.

"Sería un modelo a base de premios de forma que quien desarrolle un tratamiento o un avance contra una enfermedad en concreto se le pagará una cantidad", explica Villanueva. Según esta investigadora, se debe crear un sistema mediante el cual "el gobierno tenga el control de a cuánto se va a vender el medicamento y durante cuánto tiempo", ya que "a largo plazo será la única manera de asegurar la accesibilidad".

Fuente: www.eldiario.es

Fotografía: www.eleconomista.es

Los recortes que sufrió la Sanidad Pública entre 2010 y 2014 beneficiaron al sector privado

Un estudio del Ministerio de Sanidad demuestra que la Sanidad Privada esquivó la crisis. Su gasto creció un 16%, en detrimento de la Sanidad Pública, que cayó un 11%

La crisis no castigó a todos los sectores por igual, un ejemplo lo tenemos en la sanidad. Cuanto más se redujo el gasto público en sanidad, más creció el gasto sanitario privado, que ha llegado a experimentar su gasto más alto desde 2003, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes al gasto sanitario entre los años 2010 y 2014. En ese quinquenio, las tijeras se cebaron con la Sanidad Pública, pero el filo de las cuchillas ni se acercó a la Sanidad Privada, aparentemente inmune al temporal de recortes que ha sufrido el sector público en los últimos años.

La evolución de los dos sectores ha sido diametralmente opuesta. Entre 2010 y 2014, el gasto Sanitario Público sufrió un recorte de 8.161 millones de euros, según el informe "Sistema de Cuentas de Salud 2014" (elaborado por el Ministerio de Sanidad), mientras que gasto sanitario privado creció en 3.983 millones, en ese mismo periodo. La gráfica es indiscutible. El gasto privado en sanidad creció todos los años desde 2010, lo hizo una media anual de un 3’8%, a diferencia de la Sanidad Pública, que sufrió una caída anual de un 2’8%.

El sector privado se ha beneficiado de los recortes públicos, según los expertos, porque el deterioro de la Sanidad Pública ha empujado a los pacientes a dar el salto a la privada, "en buena parte para salvar los cuellos de botella, por ejemplo, de las listas de espera quirúrgicas, sin olvidarnos de las listas de espera diagnósticas y de acceso al especialistas". Esa es la explicación de "por qué el gasto en seguros médicos privados ha aumentado en tiempos de crisis", según explica el profesor de Economía de la Universidad de Castilla La Mancha, Juan Oliva. Este experto en Economía de la Salud tiene claro que "a corto plazo" la Sanidad Privada se ha beneficiado de "un escenario de fuertes recortes de recursos públicos".

Pero esa no es la lectura que hace el sector privado. Desde la Fundación IDIS (el principal loby de la Sanidad Privada), no ocultan que el deterioro de la Sanidad Pública ha podido empujar a los pacientes a dar el salto de la pública a la privada. Sin embargo, el director general de esta Fundación, Manuel Vilches niega que los recortes de la Sanidad Pública les beneficie, "al revés, en este caso lo único que hemos hecho ha sido recibir menos, en estos últimos años se ha reducido continuamente el gasto en conciertos y en colaboración público-privada”. Sin embargo, otro informe del Ministerio de Sanidad revela que solo entre 2009 y 2013,España se gastó 37.118 millones en “en compras al sector privado a través de conciertos".

Una de las explicaciones que da el Ministerio de Sanidad en este estudio, para entender esa subida del gasto sanitario privado está, principalmente, en lo que se conoce como "gasto de bolsillo", es decir, lo que nos hemos gastado en copagos, productos médicos no financiados, o en seguros privados. Para que nos hagamos una idea, en 2014, de los casi 29.000 millones de gasto privado en sanidad, el 81% salió de los hogares, según el Ministerio de Sanidad las familias fueron "las que soportaron el mayor peso de la financiación sanitaria privada".

Otra lectura de este incremento del gasto privado es que esa subida avala la buena salud de la que goza la Sanidad Privada, es un buen síntoma, según la Fundación IDIS, que cada vez más españoles apuesten por seguros privados como una alternativa para desahogar el sistema público, "a nadie se le ha forzado a venirse [a la Sanidad Privada], se lo están pagando de su bolsillo, lo que deberíamos hacer es agradecérselo, para que aquellos que no tienen la posibilidad desgraciadamente de asumirlo, tengan una opción de ser atendidos lo antes posible [en la Sanidad Pública]", según explica Manuel Vilches.

Pero hay quienes critican duramente ese giro hacia la Sanidad Privada. "En estos últimos años, los diferentes gobiernos del Partido Popular, tanto a nivel central, como autonómico, ha estado deteriorando el servicio público", un empeoramiento "el nivel de prestaciones" que explica que "este auge del gato privado", según el presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Baile.

El auge de la Sanidad Privada se refleja también en el terreno que ha ido arañando al sector público. En 2010, el gasto privado solo representaba el 24% del gasto total en sanidad, pero año tras año ha ido subiendo, hasta situarse en el 30% del gasto en 2014. En el otro extremo, nos encontramos con la imparable caída que ha sufrido la Sanidad Pública. En el quinquenio 2010-2014, el peso del gasto público en sanidad cayó 5'2 puntos porcentuales, es decir, pasó del 75% del gasto total del 2010 al 69% en 2014.

El porcentaje de gasto Sanitario Privado sobre el PIB también ha crecido año tras año, pasó del 2'3% de 2010 al 2'8% en 2014. Esa tendencia también es inversamente proporcional a la que ha sufrido el sector público, que cayó del 6'9% de 2010 al 6'4% en 2014.

Fuente: cadenaser.com

Imágenes: cadenaser.com / Ministerio de Sanidad

Sobre el caso Echenique; a propósito de la explotación de los/as empleados/as de hogar y asistentes personales

Estos días atrás ha trascendido, como todo el mundo sabrá a estas alturas, el hecho de que un diputado autonómico de Aragón por Podemos (Pablo Echenique) mantuvo a un trabajador a su servicio sin cotizar a la Seguridad Social durante varios meses. Más allá de la utilización política del caso, que ha llevado a unos medios a atacar furibundamente (mientras olvidan o soslayan otros casos de corrupción que afectan a quienes les son afines) a la vez que otros se han apresurado a cerrar filas en defensa del diputado, desde la CNT queremos aprovechar la ocasión para poner de relieve la situación de un sector de la clase trabajadora especialmente explotado y precarizado, las personas que trabajan en el hogar y/o como asistentes personales, pues se han dicho algunas cosas bastante significativas de la problemática del sector en el caso mencionado.

En primer lugar, vaya por delante nuestro rechazo absoluto a cualquier caso en el que un empleador (en este caso el diputado Echenique, como también ocurrió en su momento, en ese caso con un trabajador por cuenta ajena común, con el también diputado de Podemos, Pedro Arrojo) mantiene a una persona trabajadora sin asegurar, más aún si esa persona está en apuros económicos, y máxime cuando ese empleador, como es el caso de Pablo Echenique, dispone de unos ingresos de más del doble de lo que ganan muchísimos trabajadores/as, sean del sector que sean… y muy superiores también a los que tienen muchas personas en situación de dependencia. Todo ello con independencia del mucho o poco margen que la legalidad pueda dar al empleador, puesto que como plantearemos a continuación, la legalidad dista mucho de ser justa en muchos aspectos, rozando a veces lo vergonzoso, y permitiendo un desamparo a quienes trabajan en este sector que ningún empleador con sentido de la dignidad y suficientes recursos económicos debería permitir. Dicho esto, se han planteado dos cosas habituales tanto en el sector del empleo doméstico como en el de la asistencia personal, que por sintomáticas creemos que vale la pena desgranar: la posibilidad de que el trabajador/a se hiciese autónomo, y la de que cotizase él o ella misma a la Seguridad Social, por ser su jornada inferior a 60 horas semanales.

A este respecto, y centrándonos en primer lugar en el empleo de hogar (cuya regulación específica establece entre las funciones de quienes se dedican a esto “el cuidado o atención de los miembros de la familia o de las personas que forman parte del ámbito doméstico o familiar”), queremos plantear:

1. Trabajar menos de 60 horas al mes permite que, si ambas partes lo acuerdan, sea el trabajador/a quien pague sus propias cuotas a la seguridad social. Esto no supone una exención en las responsabilidades del empleador, ya que si no hay tal acuerdo deberá asumir la obligación él o ella misma como en cualquier otra circunstancia.
2. Que el empleo doméstico está contemplado en el Estatuto de los Trabajadores como relación laboral especial, siendo regulados los derechos de quienes trabajan en este sector por el Real Decreto 1620/2011 y, supletoriamente, por el propio Estatuto de los Trabajadores (además de en convenios colectivos que por lo general brillan por su ausencia). Así pues, quien trabaje como empleado/a doméstico/a no debe trabajar como autónomo (de entrada porque lo prohibe el Estatuto del Trabajo Autónomo), entre otras cosas por la pérdida de derechos que eso le supondría (por ejemplo la cobertura de contingencias profesionales, cuya cotización para los autónomos no siempre es obligatoria, o en materia de disfrute de vacaciones o licencias, aunque en otros aspectos como el cobro de la prestación por desempleo, no se tenga derecho).
3. No es menos cierto que entre las y los profesionales del trabajo doméstico, existe la exigencia de que no se les haga desempeñar funciones de atención a personas dependientes ya que pueden encontrarse ante situaciones para las que no están preparados/as, y porque para ello existe la figura más específica del asistente personal, que analizamos más adelante.

Lo cierto es que, por las características de la actividad del empleo doméstico, es muy frecuente que las personas que trabajan en este oficio lo hagan en la desprotección más absoluta, muchas veces en negro y sin los pocos derechos que la legislación les da. Tampoco es menos cierto que se trata de un sector que, aunque ha estado más explotado en el pasado, sigue siendo a día de hoy objeto de una discriminación muy injusta en su regulación (la falta de derecho a paro es quizás el ejemplo más sangrante en comparación con los trabajadores por cuenta ajena comunes, aunque hay otros, tales como el hecho de que la prestación por incapacidad temporal se inicie al noveno día de la baja), de manera que se convierte a estas personas en “trabajadores de segunda” a todos los niveles. Por ello, la CNT defiende desde su XI Congreso que, tal y como ha requerido la OIT al Estado español, este sector de la clase trabajadora deje de ser un sistema especial del régimen general de la Seguridad Social, y pase a ser considerado dentro del trabajo por cuenta ajena común, integrándose plenamente en el Estatuto de los Trabajadores, en igualdad de derechos con los demás.

Otra posibilidad, junto a la figura del empleado/a de hogar, es que el trabajador/a que se dedica a prestar cuidados a personas dependientes lo haga en calidad de la figura más concreta de asistente personal. Esta figura (la de asistente personal) es la que corresponde cuando los cuidados tienen la naturaleza específica de ser un “servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal”, si bien no existe una regulación específica de la situación laboral del asistente personal (sí hay, en cualquier caso, jurisprudencia que establece que cuando el trabajo se hace en el domicilio de la persona dependiente el trabajador/a debe considerarse empleado/a de hogar, de modo que tampoco en este caso hubiera cabido la figura del autónomo) elevando con ello la precariedad todavía más, dado el nulo desarrollo que han tenido nuestros derechos en materia de dependencia en la última década.

A esta desregulación, que ya supone una dificultad en sí misma, tenemos que sumar que los recortes en dependencia, más invisibilizados que los de sanidad y educación porque las propias familias se han vuelto a hacer cargo de los cuidados (y, fundamentalmente, las mujeres, en un giro machista que ha borrado de un plumazo el poco camino andado en este sentido, donde además la mayoría de las veces la mujer termina por perder su trabajo, si lo tiene, para dedicarse al cuidado), han provocado que muchos empleadores/as (personas en situación de dependencia) que no disponen de los recursos de Pablo Echenique recurran a tener trabajadores/as en negro, generándose un círculo vicioso en el que tanto el trabajador/a como el/la dependiente ven mermados sus derechos.

En conclusión, este caso debe servirnos para poner de relieve la necesidad de la autoorganización de los trabajadores/as de todos los sectores (a la vista está que ningún político/a va a salvarnos, dado que ha quedado patente que es más importante la autojustificación que la puesta en práctica de condiciones dignas de trabajo), visibilizando aquellos de los que muy a menudo nos olvidamos, caso del empleo de hogar y el de los/as asistentes personales, y asumiendo desde el sindicalismo que ésta es una asignatura pendiente en la que debemos articular mecanismos específicos de lucha que no permitan la explotación de esta parte de la clase trabajadora, que no la conviertan en compañeros y compañeras de segunda.

Fuente: CNT Zaragoza

Fotografía: CNT

116 casos afectados por un compuesto que dejó ciegas a 13 personas

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha aportado nuevos datos de la investigación en curso sobre el compuesto oftalmológico que supuestamente causó la ceguera a varios pacientes durante diferentes operaciones de desprendimiento de retina. Se trata de perfluoroctano, comercializado con el nombre de Ala Octa por la empresa Ala Medics, que cesó su actividad el pasado mes de febrero.

En concreto, el 26 de junio de 2015, la Aemps emitió una alerta a las comunidades autónomas para su traslado a centros hospitalarios tras recibir una comunicación de la empresa distribuidora de este producto, que fabrica la alemana Ala Medics GmbH y que notificaba en un principio la existencia de 20 posibles casos de pacientes afectados con problemas oculares.

Y ya el 13 de noviembre de ese mismo año, la empresa alemana cesó completamente la fabricación y distribución del producto y retiró todos los lotes disponibles en el mercado a nivel europeo y mundial.

El informe sobre los resultados de los análisis toxicológicos realizados por el Instituto Universitadio de Oftalmología Aplicada (IOBA) de la Universidad de Valladolid en dos nuevos lotes muestran comportamiento citotóxico, al igual que los analizados anteriormente. Concretamente se observan dos patrones de citoxicidad diferentes, sobre todo en los fabricados en los últimos meses de 2014. En cuanto a los ensayos químicos, Sanidad comunica que “todavía no han finalizado los análisis sobre composición e impurezas que se están realizando en la Universidad de Valladolid.

La Aemps ha recibido hasta el momento la notificación de 116 casos en 28 centros sanitarios de 13 comunidades: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Para la investigación de estos casos, la agencia constituyó un equipo de expertos que estudia los hallazgos clínicos descritos en los incidentes notificados y su posible relación con el uso de Ala Octa.

De este modo, hasta el momento se han evaluado 107 casos y en 75 de ellos se considera que se corresponden con la clínica identificada asociada al producto de perfluoroctano, mientras que en tres se ha determinado que no se corresponde. Por otro lado, en 29 casos la documentación proporcionada ha sido insuficiente para poder obtener conclusiones. Sobre estos afectados, la Aemps ha solicitado a los profesionales sanitarios que notificaron el incidente documentación adicional que trasladará, de nuevo, al grupo de expertos. Por último, quedan pendientes de evaluación 9 casos (los más recientes) de los 116 notificados.

Fuentes: www.elperiodicodearagon.com / http://consalud.es

Fotografía: http://vivesinansiedad.es