miércoles, 28 de diciembre de 2016

Algunas movilizaciones contra la política de privatización de la sanidad pública

Privatizaciones, desvío de dinero, plantillas escasas y precarias, expedientes de sanción, fraudes en la contratación… La sanidad pública sigue presentando deterioros aunque los desperfectos pasen más desapercibidos: en Vigo, Madrid, Zaragoza, Granada o Burgos la gestión sanitaria sigue arrojando sombras que provocan movilizaciones.

En Madrid, el pasado 19 de diciembre se convocó un encierro hospitalario para subrayar la mala situación de las plantillas. Solo unos días antes, Granada culminó una batería de protestas por el plan de la Junta de Andalucía para fusionar centros hospitalarios. En Vigo, su nuevo hospital de gestión privatizada no alcanza para solventar los problemas de la zona y origina peticiones de "rescate" público. Decenas de concentraciones en Zaragoza frente a la sede del PSOE (partido que regenta el gobierno de la Comunidad Autónoma) en protesta por el expediente sancionador abierto a miembros de la Sección Sindical de CNT en el SALUD, por destapar y denunciar la trama de encadenación de contratos eventuales durante años a los trabajadores/as del Servicio Aragonés de Salud. La Comisión Europea mantiene abierto un proceso de infracción a España por un supuesto engorde del presupuesto del hospital semiprivatizado de Burgos: 200 millones de más para la constructora salidos de las arcas públicas.  El caso, aún activo  según los registros de la Comisión, investiga si se vulneraron las reglas del mercado interno al ampliar los pagos a la contratista: se ha pasado de los 242 millones de euros previstos a más del doble.

"El sistema sanitario no se ha repuesto de la política de privatizaciones y recortes. Alguna comunidad autónoma en 2017 va a recuperar las inversiones de 2009", explica el expediatra del hospital Niño Jesús (Madrid) y cabeza visible de la oposición a la adjudicación de hospitales a empresas, Marciano Sánchez Bayle. Bayle subraya que el hecho de que "los problemas y las reivindicaciones no sean en Madrid les resta atención. Pero no importancia".

Hace solo tres meses, Vigo repitió su  marcha ciudadana que pide a la Xunta tomar las riendas del nuevo hospital privatizado. Un centro por el que las arcas gallegas pagan a la contratista 72 millones al año durante 20 años. "Y no ha resuelto los problemas de los ciudadanos del área de Vigo: colapso de urgencias y listas de espera un 30% por encima de la media de la comunidad", según cuenta Manuel Martín.

De hecho, el hospital no ha abierto las 1.400 camas comprometidas: está en 850. "El hospital está permanentemente en obras. Hace unos días se le cayó encima a un paciente una puerta plomada del servicio de radiología", se queja Manuel Martín. La Xunta dijo que había sido "un sabotaje" y denunciaron la "manipulación de los anclajes".

Además, la Comisión Europea abrió una investigación sobre si los pagos a la empresa son una "ayuda encubierta" ya que el Ejecutivo de Núñez Feijoo tuvo que pedir un crédito al Banco Europeo de Inversión para financiar el proyecto. El plazo para la investigación expiraba en septiembre pasado pero la CE no se ha pronunciado aún. "Eso nos hace ser un poco pesimistas", remata Martín.

En septiembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció como ilegal el hecho de encadenar contratos temporales para cubrir puestos permanentes en el sector de los servicios de salud, hecho que reafirma y avala a nivel europeo las sentencias conseguidas por la CNT en la ciudad de Zaragoza denunciando estos mismos hechos y que han condenado en varias ocasiones al Servicio Aragonés de SALUD. 

Fuentes: www.eldiario.es / aragon.cnt.es
Fotografía: aragon.cnt.es